El Sureste de Gran Canaria pide a Empleo casi cinco millones de euros para la formación especializada de 250 desempleados

La Mancomunidad del Sureste y los ayuntamientos de Santa Lucía, Ingenio y Agüimes han presentado a la convocatoria de este año del Servicio Canario de Empleo (SCE) una decena de proyectos de formación especializada para más de 250 parados de la comarca. Las cuatro entidades piden al SCE, dependiente de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, que subvencione las iniciativas para reducir el paro de la comarca, cuyo coste total asciende a casi cinco millones de euros.En el mes de marzo la Oficina de Empleo de Vecindario, en la que están inscritos todos los desempleados de la comarca, tenía registrados 10.679 parados, siendo los habitantes 120.000. De los diez proyectos de formación ocupacional presentados, seis son talleres de empleo, para mayores de 25 años, dos casas de oficio y dos escuelas talleres, para desempleados menores de 25 años.Ingenio, a través de la Fundación para la Promoción de Empleo, la Formación Profesional y el Movimiento Cooperativo, ha presentado la mitad de los proyectos, cuyo coste se eleva a 2,24 millones de euros. Si logra la subvención del SCE, un centenar de parados podrá beneficiarse. Sus proyectos son la escuela taller de Bioconstrucción, para 47 parados, los talleres de empleo Rehabilitación de Edificios Públicos, Integra y Técnico de Mantenimiento Aeroportuario, con un total de 40 desempleados, y la casa de oficio La Infancia, para formar a una quincena de auxiliares de Educación Infantil.Por su parte, la Mancomunidad presentó dos proyectos, con un coste de algo más de un millón de euros. Se trata de la escuela taller Seguridad y Emergencia, para formar a 30 agentes de emergencia, y el taller de empleo Solicultura, para preparar a 15 parados para conservar y promocionar las salinas de Pozo Izquierdo, Arinaga y Vargas.Asimismo, Agüimes presentó los proyectos taller de empleo Centro de Formación para 40 parados mayores de 25 años y la casa de oficio Nuevas Tecnologías Agüimes, para 15 jóvenes desempleados, con un coste total de 1,17 millones de euros.Por último, Santa Lucía sólo ha solicitado subvención para un proyecto de taller de empleo denominado Intervención Multidisciplinar, dirigido a 40 desempleados mayores de 25 años, para lo que solicitan también 413.595 euros. OFICIOS. En cuanto a los oficios, los proyectos pretenden formar 15 salineros, 30 agentes de emergencia, 30 albañiles, 30 carpinteros, 10 electricistas, 30 mantenedores de edificios, 20 pintores, 15 auxiliares de Educación Infantil, 15 mujeres especialistas en atención social integral, 10 técnico en mantenimiento aeroportuario, 10 jardineros y 30 especialistas en nuevas tecnologías

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El juez imputa al alcalde de Santa Lucía un abuso en el ejercicio de sus funciones

El Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana imputa los delitos de prevaricación y "abuso en el ejercicio de sus funciones", hacer uso de información privilegiada, al alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos, quien compareció ayer ante el magistrado Juan Carlos Socorro para prestar declaración por una cesión de terrenos privados que estaba destinada a mejorar la posición municipal en un concurso de parques eólicos.En un primer momento el regidor fue citado por el juez para esclarecer los indicios de una supuesta prevaricación, pero al finalizar el interrogatorio decidió ampliar los cargos contra Matos y le imputó el delito de abuso en sus funciones. Y es que los terrenos son propiedad del marido de una concejala de Santa Lucía, Inmaculada Ramírez, según se recoge en la denuncia presentada ante la Guardia Civil de Vecindario.La denuncia fue interpuesta en mayo de 2007 por Rufino Pérez, un político escindido del PP que ha fundado la organización Centro Ansite, con la cual concurrió a las pasadas elecciones municipales en coalición con el CCN. No obtuvo representación municipal. Su abogado, Carlos Puche Ramos, que ayer sustituyó al letrado oficial de la acusación, explicó a la salida de los juzgados algunos detalles del expediente administrativo que su cliente considera delictivo. Un documento sobre el que giran las pesquisas realizadas por el equipo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil, cuya investigación está bajo secreto de sumario y ha sido denominada operación Palmera.El expediente inició su tramitación en 2005 y se concretó en la agrupación de tres parcelas privadas a una municipal, pues en el concurso de adjudicación se obtendría mayor puntuación cuanto más extensa fuera la superficie destinada a la implantación de los aerogeneradores. El abogado añadió que los terrenos no se segregaron antes de proceder a la unión de los mismos, constituyéndose una asociación en la que el Ayuntamiento ostentaba el 51 por ciento de las acciones y el porcentaje restante de los suelos pertenecía a las otras empresas.NO CUMPLIÓ TODO. El letrado aseguró que el expediente urbanístico no cumplió con todos los pasos previstos en la ley reguladora del procedimiento administrativo común, aunque no quiso precisar las posibles irregularidades por respeto al secreto de las actuaciones decretadas por el magistrado instructor del caso. También dijo que la omisión de los requisitos legales no significa que los actos sean nulos de pleno derecho -pueden ser anulables- o constitutivos de delito, pues eso debe decidirlo el juez "a la vista de las investigaciones, las declaraciones y la presentación de las pruebas solicitadas por el Ministerio Fiscal". La Guardia Civil ya registró en noviembre pasado el Consistorio en busca de documentación, mientras que los nuevos elementos probatorios fueron pedidos ayer por el fiscal.Hay que recordar que el concurso para adjudicar parques eólicos fue anulado por el Gobierno de Canarias debido a un defecto de forma y no llegó a celebrarse. En cualquier caso, las operaciones de suelo parece que sí prosperaron y se materializaron en Pozo Izquierdo, que es la zona de Santa Lucía donde se querían implantar los aerogeneradores.A la salida de los tribunales, algo abatido por la expresión de su rostro, Silverio Matos sostuvo que la acusación que pesa sobre él se debe a "un tema político".También mostró su sorpresa por estar implicado en una investigación contra la corrupción urbanística y se mostró confiado en el archivo de las diligencias. "Para nosotros ha sido una sorpresa. El único objetivo que tiene el Ayuntamiento es trabajar por los vecinos y no entendemos este tema", concluyó. Antes, la abogada de la corporación, Isabel del Toro, excusó al alcalde por no poder referirse al contenido de las declaraciones efectuadas, pero incidió en la confianza que el regidor tiene en la Justicia y en su disponibilidad para colaborar en lo necesario.

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