El juez imputa al alcalde de Santa Lucía un abuso en el ejercicio de sus funciones

El Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana imputa los delitos de prevaricación y "abuso en el ejercicio de sus funciones", hacer uso de información privilegiada, al alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos, quien compareció ayer ante el magistrado Juan Carlos Socorro para prestar declaración por una cesión de terrenos privados que estaba destinada a mejorar la posición municipal en un concurso de parques eólicos.En un primer momento el regidor fue citado por el juez para esclarecer los indicios de una supuesta prevaricación, pero al finalizar el interrogatorio decidió ampliar los cargos contra Matos y le imputó el delito de abuso en sus funciones. Y es que los terrenos son propiedad del marido de una concejala de Santa Lucía, Inmaculada Ramírez, según se recoge en la denuncia presentada ante la Guardia Civil de Vecindario.La denuncia fue interpuesta en mayo de 2007 por Rufino Pérez, un político escindido del PP que ha fundado la organización Centro Ansite, con la cual concurrió a las pasadas elecciones municipales en coalición con el CCN. No obtuvo representación municipal. Su abogado, Carlos Puche Ramos, que ayer sustituyó al letrado oficial de la acusación, explicó a la salida de los juzgados algunos detalles del expediente administrativo que su cliente considera delictivo. Un documento sobre el que giran las pesquisas realizadas por el equipo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil, cuya investigación está bajo secreto de sumario y ha sido denominada operación Palmera.El expediente inició su tramitación en 2005 y se concretó en la agrupación de tres parcelas privadas a una municipal, pues en el concurso de adjudicación se obtendría mayor puntuación cuanto más extensa fuera la superficie destinada a la implantación de los aerogeneradores. El abogado añadió que los terrenos no se segregaron antes de proceder a la unión de los mismos, constituyéndose una asociación en la que el Ayuntamiento ostentaba el 51 por ciento de las acciones y el porcentaje restante de los suelos pertenecía a las otras empresas.NO CUMPLIÓ TODO. El letrado aseguró que el expediente urbanístico no cumplió con todos los pasos previstos en la ley reguladora del procedimiento administrativo común, aunque no quiso precisar las posibles irregularidades por respeto al secreto de las actuaciones decretadas por el magistrado instructor del caso. También dijo que la omisión de los requisitos legales no significa que los actos sean nulos de pleno derecho -pueden ser anulables- o constitutivos de delito, pues eso debe decidirlo el juez "a la vista de las investigaciones, las declaraciones y la presentación de las pruebas solicitadas por el Ministerio Fiscal". La Guardia Civil ya registró en noviembre pasado el Consistorio en busca de documentación, mientras que los nuevos elementos probatorios fueron pedidos ayer por el fiscal.Hay que recordar que el concurso para adjudicar parques eólicos fue anulado por el Gobierno de Canarias debido a un defecto de forma y no llegó a celebrarse. En cualquier caso, las operaciones de suelo parece que sí prosperaron y se materializaron en Pozo Izquierdo, que es la zona de Santa Lucía donde se querían implantar los aerogeneradores.A la salida de los tribunales, algo abatido por la expresión de su rostro, Silverio Matos sostuvo que la acusación que pesa sobre él se debe a "un tema político".También mostró su sorpresa por estar implicado en una investigación contra la corrupción urbanística y se mostró confiado en el archivo de las diligencias. "Para nosotros ha sido una sorpresa. El único objetivo que tiene el Ayuntamiento es trabajar por los vecinos y no entendemos este tema", concluyó. Antes, la abogada de la corporación, Isabel del Toro, excusó al alcalde por no poder referirse al contenido de las declaraciones efectuadas, pero incidió en la confianza que el regidor tiene en la Justicia y en su disponibilidad para colaborar en lo necesario.

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