Los cargos contra Silverio Matos «están plenamente justificados»

 SI ESTOS POLÍTICOS, EN ESTE CASO EL ALCALDE DE ESTE PUEBLO, NO SE HUBIERAN METIDO EN CAMISAS DE ONCE VARAS, EL RESULTADO HABRÍA SIDO, QUE EL NEGOCIO EÓLICO EN ESTE MUNICIPIO, HABRÍA CREADO UNOS TRES MIL PUESTOS DE TRABAJO ENTRE DIRECTOS E INDIRECTOS. Y ESTE ALCALDE DICE REPRESENTAR AL PUEBLO Y A UN PARTIDO, NUEVA CANARIAS, QUE ESTA DEMOSTRANDO LA FALSEDAD DE SU IDEOLOGÍA. ¿CUANTO DINERO CUESTA ELIMINAR ESTAS NOTICIAS DE LA PRENSA?.

LEAN Y ENTÉRENSE:

Ahora que la Operación Palmera está ya a un paso del juicio oral, el abogado de la acusación popular, Alexis Bethencourt Rosillo, analiza el desarrollo de esta trama eólica en la cual solicitan seis años de cárcel tanto para el alcalde de Santa Lucía, Silverio Matos, como para el ex concejal de Urbanismo, Antonio Ruiz.

Un espinoso asunto que se inició a finales de 2004 a raíz de un concurso eólico del Gobierno de Canarias al que se presentó el municipio del sureste grancanario, el cual realizó, presuntamente, una serie de permutas con unos empresarios ante la falta de terreno público. Con la denuncia de su defendido, Rufino Pérez, en 2007, se descubrió que los beneficios calculados por esta supuesta operación rondaban los 38 millones de euros, desglosándose así las acusaciones de prevaricación y abuso de la función pública por parte del regidor y el edil de Nueva Canarias.

 

«Siempre respetando la presunción de inocencia que asiste a los acusados», afirma el letrado, «considero que el procesamiento y los cargos de los que vienen siendo acusados el alcalde de Santa Lucia, Silverio Matos, entre otras personas, son muy graves —delito de prevaricación, abuso en el ejercicio de la función pública y delito de uso indebido de información privilegiada—, aunque no por ello infundados. Al contrario, son el fruto de una ardua investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, el propio Juzgado de Instrucción 4 de San Bartolomé de Tirajana, la denuncia del exconcejal Rufino Perez y, en definitiva, un trabajo de equipo, que siempre ha buscado hacer justicia y luchar contra la corrupción política».

 

Bethencourt no duda en calificar los cargos como «muy graves, aunque a mi leal entender están plenamente justificados con muchísimas pruebas. Entre otras, las escuchas telefónicas al móvil del señor Matos y las pruebas de caligrafía que evidencian la autoría de los acusados». En todo caso, agrega que «la decisión de condenar compete al tribunal que en su momento juzgue esta causa, y desde luego esta acusación popular está siendo implacable en su petición de condena, exigiendo las penas máximas —10 años de inhabilitación por la prevaricación, 6 años de prisión y multa para los cargos publicos—, las cuales están desgranadas en nuestro escrito de acusación».

 

Un largo proceso en el que se han producido numerosos altibajos: «La instrucción ha sido muy dura para Rufino Perez —el denunciante sobre el cual se inicia la Operación Palmera—, por cuanto se vio acusado falsamente por el alcalde Matos. No olvidemos que este incluso le interpuso una querella criminal a Rufino, acusándole de mentir y de estar inventando los cargos ahora públicos», apostilla. «Él estaba diciendo la verdad en todo momento y por respeto al secreto sumarial, no podía decir nada. Al contrario, tuvo que aguantar que muchas noches programas televisivos locales y de radio, en los que se entrevistaba al alcalde Matos, le acusaran de calumniador».

 

Sobre esta línea, Bethencourt subraya que «la Justicia terminó dándole la razón a Rufino y archivó la querella, pero ni tan siquiera pudimos explicar el motivo de dicho archivo, dado el secreto sumarial. En definitiva, creo que fue uno de los momentos más duros que vivió, llegando al punto de causarle una grave enfermedad, de la que hoy por hoy sigue en tratamiento», explica.

 

Haciendo una escueta radiografía, la Operación Palmera «no es un caso de corrupción de los que estamos acostumbrados a escuchar. Realmente estamos en presencia de presuntas corruptelas asociadas a las nuevas fuentes de energía —en este caso, la eólica— que producen grandes ganancias económicas a los municipios».

 

«Desgraciadamente, los hechos de los que vienen siendo acusados el alcalde, el exconcejal y dos empresarios», explica el jurista, «dieron lugar a la pérdida de un concurso eólico que en otras circunstancias hubiera garantizado un gran numero de puestos de trabajo y prosperidad para muchas familias de Gran Canaria». De hecho, Bethencourt recalca que fue el propio Gobierno canario quien anuló las bases del concurso ante la «evidencia de las irregularidades».

 

A la hora de valorar la dificultad del proceso, el abogado prefiere reservar esa acotación para cuando los hechos sean «definitivamente juzgados», aunque no niega que «es uno de los casos en los que hemos tenido que superar muchos escollos todos los compañeros de bufete. Hasta el punto de que tuvimos que cerrar el despacho en el municipio, dados los continuos daños en vehículos, pintadas, amenazas telefónicas... Ante la falta de pruebas, no podíamos denunciar a nadie, por más que era evidente que estos guardaban directa relación con todo este proceso», concluye.